El pasado 1 de enero se comenzó a aplicar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en 2021 tras un acuerdo entre Gobierno y sindicatos, y que formaba parte como uno de los primeros cambios en la reforma de las pensiones. Una medida que pretendía mantener el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social y fortalecer la sostenibilidad a largo plazo ante la generación del ‘baby boom’ de cara a los próximos años.
De esta forma, el MEI, encargado de sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad, supone un 0,6% de cotización adicional a la Seguridad Social sobre la base de cotización por contingencias comunes: un 0,5% cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del trabajador. En el caso de los trabajadores autónomos, éstos asumen íntegramente el incremento de cotización del 0,6%.
A partir de 2024 este mecanismo subirá el tipo de cotización a un 0,7%, a razón de 0,1% por año, hasta alcanzar los 1,2 puntos porcentuales en 2029, momento desde el que este mecanismo permanecerá constante hasta 2050. Todo ello distribuido a razón de un 0,58% a cargo de la empresa y 0,12% a cargo del trabajador (los trabajadores autónomos asumirán íntegramente ellos ese 0,7%).
Una medida que implica una ligera reducción del salario de los trabajadores en el sueldo que ya se viene aplicando desde este 2023 y que para 2024 aumentará un poco más. Por otro lado, sobre el importe de cotización del MEI no se podrá aplicar ningún tipo de reducción o bonificación.
Qué es el MEI
El MEI tiene dos componentes. El primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. La aportación es de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa (0,5%) y el trabajador (0,1%) con la misma distribución que en las cotizaciones sociales y actúa como «válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050.
Si a partir de 2033 se apreciara en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará este Fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Si la disposición de activos del Fondo de Reserva no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, de acuerdo con sus recomendaciones, una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.