miércoles, julio 24, 2024

El Tribunal Supremo decide este martes si hacer sindicalismo es delito en España

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Una marea solidaria anegó las calles de Gijón este sábado, 15 de junio. Todos los sindicatos asturianos, CNT, CCOO, UGT, CGT, SUATEA y CSI, sumaron fuerzas en una multitudinaria manifestación que finalizó en la plaza del Ayuntamiento con un mitin que quiso mostrar públicamente una unidad rara de ver en otras circunstancias. También movimientos sociales como la coordinadora del 8M y representantes de partidos políticos de la comunidad se sumaron a la marcha; y no sólo: cientos de personas venidas de diferentes puntos del Estado se pegaron el madrugón para hacerse una buena panzada de kilómetros y arropar a Las 6 de la Suiza, las cenetistas condenadas por haber puesto en práctica un derecho fundamental, el de la libre actividad sindical.

Se hacía patente así una solidaridad extendida más allá de la organización sindical afectada y que incluso ha generado declaraciones tan poco habituales como las de Carmen Moriyón, alcaldesa de Foro Asturias, -organización nada sospechosa de simpatías sindicales-, quien ha admitido públicamente que la reivindicación sindical de las mujeres «no tendría que haber llegado nunca a esta deriva» y ha destacado que cuentan con «muchos apoyos europeos».

Hagamos memoria: todo empieza cuando a una trabajadora a la que la empresa le debe horas extras y vacaciones y además denuncia acoso laboral, decide acudir a CNT y exponer su caso. El sindicato intenta negociar con el empresario y, ante su cerrazón, organiza la habitual campaña de denuncia. Por su parte, el empresario comienza a interponer denuncias contra la organización y se abre un proceso judicial contra más de 30 personas -algunas de ellas, simples paisanas del barrio que se habían solidarizado con caceroladas-, que va ya camino de los siete años y por el que ahora seis sindicalistas pueden verse obligadas a ingresar en prisión por un delito de “obstrucción a la Justicia y coacciones graves reiteradas”. El próximo martes, el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, decidirá si mantiene la condena del juzgado de Gijón, la rebaja o absuelve a las sindicalistas.

Para poner algo de contexto a este sinsentido hay que recordar que el magistrado del juzgado gijonés que emitió la sentencia es Lino Rubio, conocido popularmente como el Justiciero de Poniente, que ha destacado por sus polémicas sentencias contra todo lo que huela a activismo social. Por su parte, los dueños de la empresa son conocidos por sus vínculos con la política local conservadora e incluso formaron parte de la denuncia de un grupo de hosteleros con la que pretendían ilegalizar al sindicato por “extorsión y asociación ilícita”, una acusación inverosímil que los juzgados rechazaron reiteradamente.

Sí, mucho antes de que Pedro Sánchez descubriera el lawfare en carne propia y se tomara unos días para valorar el alcance de ese anglicismo que viene a describir las “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra un grupo determinado”, la utilización torticera de la justicia ya venía sirviendo de herramienta para atacar y reprimir a los movimientos sociales y políticos, especialmente a aquellos que se encuentran en los márgenes del consenso oficial.

Avisábamos en un texto publicado en 2021 en este mismo medio, que nuestra democracia adolecía de una judicatura fuertemente escorada a la derecha -a la más extrema también- y con una interpretación no sólo conservadora, sino incluso reaccionaria, de la realidad social en la que está inmersa. El tiempo no ha hecho más que darnos la razón y las sentencias ejemplarizantes contra los movimientos sociales o reivindicativos de izquierda han seguido acumulándose, mientras esa misma Justicia se mostraba indulgente con los altercados o las agresiones de la ultraderecha. La pena de prisión para “Los seis de Zaragoza”, que se enfrentan a cuatro años y nueve meses de cárcel por participar en una protesta contra un mitin de Vox, es la última muestra de lo que decimos.

El caso de las seis sindicalistas de Gijón no es un problema que se circunscriba a unas personas concretas o a una organización específica, sino que, como demostró la unidad sindical y social en la manifestación del sábado, es una amenaza al conjunto del sindicalismo de este país; también al conjunto de la sociedad. La sentencia, de hacerse efectiva, abre la vía a condenar a miles de personas por el mero hecho de movilizarse ante un conflicto. Con la condena, cualquier representante de un comité de empresa, sección sindical o asamblea de trabajadores, se arriesga a ser encausado si en la negociación se le ocurre plantear la posibilidad de que se retire alguna denuncia por hechos sucedidos durante ese conflicto o exige el cumplimiento de los deberes empresariales. Y la interpretación reduccionista de las acciones solidarias supone un ataque frontal al sindicalismo en sí y está condenando el ejercicio de la propia acción sindical, la legítima protesta social y la libertad de expresión.

El martes probablemente conoceremos el resultado de lo decidido por Marchena, pero de momento algo ha quedado en evidencia tal y como afirma Alba García Torres, portavoz del colectivo: “Si la sentencia buscaba amordazar y paralizar la legítima lucha, lo que ha hecho es precisamente lo contrario, ensancharla; de la misma manera que ha grabado a fuego la necesidad de pelear, contra viento y marea, por nuestros derechos más fundamentales. Nada acaba el martes, la lucha por defenderlos continúa el miércoles”.

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