La creciente brecha entre la evolución de los sueldos que abonan las empresas y las subidas comprometidas en los convenios colectivos, especialmente los sectoriales, se ha convertido en uno de los fenómenos más llamativos del mercado laboral español durante el último año, y apunta a que el acuerdo alcanzado de mayo entre patronal y sindicatos en mayo se está quedando por detrás de la realidad de las compañías. El Banco de España ha analizado esta divergencia y apunta a una causa: los incrementos salariales «vinculados a los cambios de empleo».
En su último informe trimestral, el supervisor constata que los salarios negociados mantuvieron un «repunte moderado» en los meses de verano, con un aumento del 3,4% (frente al 2,9% de hace un año), si bien los convenios de nueva firma acordados en 2023 «que afectan ya a casi 2,5 millones de trabajadores», recogen un incremento del 4,3 %.
Sin embargo, la remuneración por asalariado en la economía de mercado ha registrado aumentos superiores, del 5,6% en el coste salarial ordinario, según refleja la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). «Esto podría reflejar, entre otros aspectos, incrementos salariales vinculados a los cambios de empleo» señala el informe.
Esta evolución es llamativa, porque lo habitual es que el incremento del coste salarial ordinario quedara por detrás de los acuerdos colectivos, en especial en los referidos a los convenios de nueva firma. La pandemia introdujo una volatilidad a los datos de la ETCL que hace que no sean comparables (se desplomaron un 11,8% en 2020 para rebotar un 15% un año después), pero en 2022, según la actividad y el mercado laboral vuelven a la normalidad se confirma que el coste salarial ordinario toma la delantera en 2022 y se reafirma en 2023.
Estos dos años coinciden con un repunte histórico de las dimisiones en España, centrado en los trabajadores con contratos indefinidos, como ya ha informado elEconomsita.es. Aunque los niveles quedan lejos de la Gran Renuncia vivida en países como Estados Unidos, sí son inéditos en nuestro país.
Las hipótesis para explicarlo son variadas y van desde la intensa reactivación del mercado laboral tras la pandemia, que se traduce en falta de mano de obra en algunas actividades, al hecho de que tras la reforma laboral las posibilidades de encontrar un empleo indefinido son mucho mayores que antes, lo que resta el temor a ‘saltar’ de empleo. En cualquier caso, parece que los asalariados españoles tienen más incentivos que nunca para cambiar de trabajo.
La consecuencia es que esta fuga de trabajadores está tirando de los salarios con mayor intensidad que la negociación colectiva. Y esto pone en cuestión la validez de los análisis de tendencias salariales que solo se fijan en los acuerdos colectivos de patronal y sindicatos e ignoran el papel de los pactos individuales a la hora de contratar o retener trabajadores.
Diferencia por actividades
En cualquier caso, el Banco de España precisa que esta tendencia no impacta en los todos los sectores por igual. «La diferencia entre el aumento del coste salarial ordinario y el pactado en convenio tiende a ser más elevada en aquellas ramas que presentan un mayor dinamismo del empleo y/o una mayor escasez de trabajadores» incide el supervisor, que pone como ejemplo las actividades de información y comunicaciones.
Estos profesionales han visto incrementarse un 7,8 su coste salarial ordinario, 2,9 veces más de lo que dictaminan los convenios, aunque esta brecha se ve superada por las actividades inmobiliarias, que llega a las 3,5 veces. También la subida salarial en educación y logística dobla la pactada en convenio para su actividad.
Pero a pesar de este repunte, la mejoría en el salario neto que puede percibir percibe el trabajador, sigue quedando por debajo del incremento de los costes no salariales que tiene que abonar la empresa y que se han disparado un 7,4% por el incremento de las cotizaciones.
En este sentido, el Banco de España señala directamente a la decisión del Gobierno de aumentar de las bases máximas de cotización (del 8,6 %) y de las bases mínimas (del 8% tras la subida del SMI, así como al incremento de 0,6 porcentuales en el tipo de cotización a la Seguridad Social como consecuencia de la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).