CEOE, Cepyme, UGT y CCOO han acordado este martes en su primera reunión bipartita para abordar la reducción de la jornada que cualquier cambio que se haga en el tiempo de trabajo en España debe plantearse en términos de jornada anual y no fijando unas horas de trabajo máximas a la semana como pretende la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que quiere topar el tiempo de trabajo semanal en un máximo de 37,5 horas a partir de 2025.
Según ha podido saber EL MUNDO de fuentes conocedoras de estas conversaciones, en esta primera reunión celebrada este martes por la mañana los agentes sociales han estipulado que, dado que todos los convenios colectivos del país y la jurisprudencia consideran la jornada de trabajo en términos anuales, no tiene sentido ahora fijar una jornada laboral máxima a la semana, lo que se traduciría en una merma de la productividad de las empresas y dificultaría sus condiciones de producción, haciéndolas mucho menos competitivas.
De esta forma, la idea es reducir la jornada laboral máxima anual, para que así el promedio de tiempo de trabajo semanal sea menor, pero eso no quiere decir que aquellos trabajadores que tienen, por ejemplo, un turno de 8 horas diarias cinco días a la semana -y trabajen en cómputo 40 horas a la semana- vayan a trabajar ahora media hora menos al día. La solución pasará por incrementar sus días de vacaciones o libranzas, para que su jornada anual se reduzca.
CCOO ha precisado este jueves que «aún no hay un acuerdo» cerrado sobre la jornada -todavía no han decidido cómo se materializará esa reducción ni si habrá diferencias por sectores, por ejemplo-, pero sí que coinciden todos en que la reducción será en cómputo anual. Esto implica inevitablemente que en algunos casos se traducirá en jornadas diarias más cortas y, en otros, en jornadas iguales y más días de descanso. El propio sindicato que lidera Unai Sordo señala que «la distribución práctica de esa jornada corresponde, como siempre, al ámbito de la negociación colectiva y a su concreción en cada uno de los convenios y empresas».
Esta última opción permitiría que las empresas mantengan su flexibilidad para estipular los turnos u organización de trabajo que más les convengan, pero sí tendrán que reducir el tiempo máximo de trabajo anual de sus empleados. Ahora mismo la media de jornada anual pactada en España es de 1.752 horas anuales (el equivalente a jornadas semanales de 38,2 horas), así que esta tendría que bajar al entorno de las 1.720 horas para que el promedio semanal baje a 37,5 horas. Tradicionalmente esta ha sido la fórmula empleada en la negociación colectiva, ya que muchos convenios han ido pactando recortes en el tiempo de trabajo anual a medida que esos sectores ganaban en productividad.
Esto último es precisamente una de las claves: las empresas habitualmente reducen la jornada cuando consiguen ser más productivas, mientras que rara vez sucede en sentido inverso. Reducir la jornada manteniendo el sueldo sin tener garantizada una mejora de la productividad se traduciría directamente en una caída de la producción y el crecimiento económico.
Tanto patronal como sindicatos entienden que para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ahora está en campaña por las elecciones en Galicia, es más provechoso lanzar el titular de que los españoles trabajarán como máximo 37,5 horas por semana, pero lo cierto es que esto no va a poder quedar fijado por ley -o no, al menos, en una ley respaldada por el diálogo social-. Los agentes sociales apuntan que previsiblemente esa referencia quedará relegada a aparecer en el preámbulo de la norma por la que se regule, pero que en ningún caso el articulado recogerá ningún tope semanal.
El Ministerio de Trabajo ha contactado a este diario tras la publicación de este artículo para aclarar que la vicepresidenta tiene «el mismo planteamiento» que los agentes sociales y que, aunque haya manifestado públicamente que la jornada semanal máxima será de 37,5 horas, ella también se refería a un promedio porque la jornada se reducirá en términos anuales.
ENDURECER EL CONTROL HORARIO
Además de abordar la jornada de trabajo máxima anual por sectores, los agentes sociales van a hablar en estas reuniones -fijadas en un día a la semana- de otras materias como los límites de la jornada, los descansos entre jornadas, las jornadas especiales reguladas en algunos sectores con normativas distintas, los permisos y tiempos de descanso, la distribución irregular de la jornada e incluso el absentismo laboral.
El Gobierno ya advirtió que junto a esta reducción era preciso replantearse el sistema de control horario, pero ésta es una materia que de momento no se ha planteado en la mesa bipartita y que tiene más sentido acometer con el Ejecutivo, que es quien tiene las herramientas para endurecer ese registro o intensificar la vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo.
Aunque la reducción de la jornada es la medida estrella de Díaz en esta legislatura y una de las conquistas que quiere abanderar en las elecciones gallegas, patronal y sindicatos han decidido que es una materia que deben negociar por su cuenta, tal y como estipula el Estatuto de los Trabajadores, entre otras cosas porque ambas partes creen que será más fácil que se entiendan y lleguen a acuerdos si no interviene el Ministerio de Trabajo.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, ha dicho públicamente que no es una ruptura, pues el Gobierno negociará «de forma paralela» con todos los interlocutores y seguirá de cerca cómo evolucionan sus conversaciones, pero lo cierto es que CEOE, Cepyme, UGT y CCOO prefieren organizarse y avanzar por su lado, fuera de foco, ya que estas reuniones se celebran de forma discreta y sin que formen parte de la agenda pública de los negociadores.